La extradición es una figura jurídica que implica la entrega de una persona a otro país para que sea juzgada por delitos cometidos en ese lugar.

Una vez aclarada la posición que guardan los tratados en el sistema de fuentes del derecho mexicano, la autora estudia de manera typical los cambios que se han presentado en el sistema político mexicano en los últimos años, y que se han traducido en el desgaste y debilitamiento del sistema presidencial para dar paso a un sistema más abierto donde los poderes Legislativo y Judicial participan de manera más activa tanto en la vida nacional como internacional de México. Es de destacar el papel que ha asumido el Poder Judicial en materia de extradición, tanto en el caso Cavallo como en la interpretación del artworkículo 4o.

Los requisitos que se deben cumplir para formular una solicitud de extradición nacen de los Tratados Internacionales en la materia y a falta de éste, en lo dispuesto por la Ley de Extradición Internacional, así como en el principio de reciprocidad internacional.

4. Una persona condenada y sentenciada por un delito no será extraditada a menos que haya sido sentenciada a pena privativa de libertad u otra forma de detención por un periodo de seis meses o mayor a éste, y en el caso de Belice, con sujeción al Artworkículo eight, por la pena de muerte. ARTÍCULO three

El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artworkículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.

El caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán es un ejemplo de la complejidad del proceso de extradición a México. A pesar de los recursos legales presentados por su defensa, Guzmán fue finalmente extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por varios delitos.

Sólo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la Parte requerida, bien para justificar el enjuiciamiento del reclamado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en el territorio de la Parte requerida, bien para Check This Out probar que es la misma persona condenada por los tribunales de la Parte requirente.

Su principal objetivo es que un delincuente pueda ser enjuiciado en el país donde cometió el crimen, o bien que el estado de donde es originario tenga la facultad de procesarlo, según identify el caso.

El procedimiento de extradición puede ser largo y complejo, ya Source que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.

El proceso de extradición puede ser largo y complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.

La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.

La decisión de extradición es tomada por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría debe evaluar la solicitud y tomar en cuenta los intereses navigate here del Estado mexicano y de la persona acusada.

La extradición en México puede ser negada en casos donde se considera que la persona solicitada podría ser víctima de tortura, pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano en el país solicitante.

A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción universal, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia common marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.